El calor en las aulas de la Región de Murcia vuelve a escalar un peldaño más. Seis organizaciones —FAPA Juan González, Sindicato de Estudiantes, FEMAE, CCOO, STERM-Intersindical y UGT— han denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia la situación de “estrés térmico” en centros educativos públicos de la Región.
Según la información publicada por Cadena SER Murcia, las entidades denunciantes afirman que desde el mes de mayo se han registrado temperaturas de hasta 34 ºC durante la jornada escolar. También sostienen que estas condiciones exceden los límites del Real Decreto 486/1997, que establece para trabajos sedentarios en locales cerrados una referencia térmica de 17 ºC a 27 ºC.
La denuncia acusa a la Consejería de Educación de incumplir la normativa preventiva por no garantizar condiciones adecuadas de climatización en las aulas y por no adoptar medidas suficientes para mitigar los efectos de las olas de calor.
La noticia es importante porque sitúa el problema donde también debe estar: en el terreno de la prevención de riesgos laborales.
Un aula no es solo un espacio educativo
Cuando se habla del calor en los colegios, normalmente se piensa primero en el alumnado. Y es lógico. Los niños y niñas son especialmente vulnerables a las temperaturas elevadas, sobre todo en etapas tempranas, en centros con mala ventilación o en aulas donde se concentran muchas personas durante varias horas.
Pero el aula no es solo un espacio educativo.
También es un lugar de trabajo.
En los centros educativos trabajan docentes, equipos directivos, personal de administración, limpieza, mantenimiento, comedor, apoyo educativo, monitores y otros profesionales. Si las condiciones térmicas no son adecuadas, el problema afecta al aprendizaje del alumnado, pero también a la salud laboral de quienes prestan servicio en esos centros.
Desde esa perspectiva, el calor en las aulas no puede seguir tratándose únicamente como una incomodidad de final de curso. Cuando las temperaturas superan de forma reiterada los rangos razonables en espacios cerrados, estamos ante una condición de trabajo que debe evaluarse y gestionarse.
El Real Decreto 486/1997 no es una referencia decorativa
El debate sobre el calor en aulas suele acabar en frases muy conocidas: “en Murcia siempre ha hecho calor”, “esto pasa todos los años”, “son solo unos días” o “hay que aguantar hasta final de curso”.
Pero la prevención no funciona así.
El Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija referencias claras para locales cerrados. En trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura debe estar entre 17 ºC y 27 ºC; en trabajos ligeros, entre 14 ºC y 25 ºC. Esta referencia ha sido citada por las organizaciones denunciantes para fundamentar la situación de estrés térmico en las aulas murcianas.
Es cierto que un aula tiene particularidades propias y que no todo se resuelve trasladando mecánicamente la lógica de una oficina. Pero también es evidente que trabajar y estudiar de forma habitual a 30, 32 o 34 ºC no puede considerarse una situación normal.
La norma no debería verse como una molestia burocrática, sino como una barrera mínima de protección.
Murcia tiene un problema estructural
La denuncia ante Inspección no aparece de la nada. En los últimos meses, familias, estudiantes y sindicatos han venido alertando de temperaturas excesivas en centros educativos públicos de la Región.
ORM informó recientemente de aulas que alcanzaban hasta 34 ºC en colegios públicos, con representantes de padres, alumnos y trabajadores planteando llevar la situación tanto a Inspección de Trabajo como al Defensor del Pueblo.
Además, eldiario.es Región de Murcia recogió mediciones sindicales con picos térmicos críticos en plena jornada lectiva, como 34,2 ºC en el IES Marqués de los Vélez o 33,9 ºC en el IES Santa Lucía, y señaló que el 100% de las clases analizadas superaban de forma sistemática el límite de 27 ºC entre las 09:00 y las 14:00 horas.
El problema, por tanto, no es puntual. Es reiterado, conocido y previsible.
Y cuando un riesgo es conocido y previsible, la respuesta preventiva no puede ser improvisada.
No basta con decir que se están estudiando soluciones
La Región de Murcia arrastra un problema evidente: muchos centros educativos fueron diseñados o reformados en un contexto climático y técnico distinto al actual. Hay edificios antiguos, instalaciones eléctricas obsoletas, aulas mal orientadas, patios sin sombra suficiente, climatización inexistente o equipos que no funcionan correctamente.
En este contexto, la solución no puede ser solo poner ventiladores, abrir ventanas o esperar a que pase la ola de calor.
Tampoco basta con instalar equipos de aire acondicionado sin revisar previamente la instalación eléctrica, la potencia disponible, el mantenimiento, la eficiencia energética y la seguridad de uso. En algunos centros, el problema no es solo que falten aparatos, sino que la infraestructura no está preparada para soportar una climatización adecuada.
La prevención exige planificación técnica, inversión y mantenimiento. No parches.
Suspender clases no es prevención estructural
En semanas anteriores ya se han producido suspensiones de clases y protestas por el calor en centros educativos. RTVE Murcia informó a comienzos de junio de que el calor en las aulas había activado protestas, denuncias ante Inspección de Trabajo y suspensión de clases.
Suspender una clase puede ser necesario cuando la situación ya no permite garantizar condiciones mínimas. Pero desde el punto de vista preventivo es una medida de emergencia, no una solución de fondo.
La prevención real no consiste en cerrar cuando ya no se puede más. Consiste en actuar antes para que la situación no llegue a ese punto.
Si cada año se repite el mismo problema, la pregunta no debería ser qué hacer cuando ya hay 34 ºC en el aula. La pregunta debería ser por qué no se ha intervenido antes.
La Inspección de Trabajo puede marcar un punto de inflexión
La denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social puede ser relevante porque obliga a analizar el problema desde la normativa de seguridad y salud laboral.
No se trata únicamente de confort escolar. Se trata de si las condiciones de trabajo en los centros educativos son adecuadas para el personal que desarrolla allí su jornada.
La Inspección podrá valorar si existen evaluaciones de riesgos actualizadas, si se han considerado las condiciones térmicas, si hay planificación preventiva, si se adoptan medidas frente a olas de calor, si se protege a personas especialmente sensibles y si las soluciones aplicadas son suficientes.
Ese es el salto importante: pasar de la queja social a la exigencia preventiva.
El calor afecta a la salud, al aprendizaje y al trabajo
Trabajar o estudiar con calor excesivo puede producir fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, pérdida de concentración, somnolencia, mareos, deshidratación y empeoramiento de patologías previas.
En el alumnado, puede afectar al rendimiento, la atención, el comportamiento y el bienestar. En docentes y personal del centro, puede afectar a la voz, la concentración, la tolerancia al estrés, el ritmo de trabajo y la capacidad de gestionar el aula.
No estamos hablando de estar “un poco incómodos”. Estamos hablando de condiciones ambientales que pueden alterar la actividad educativa y laboral.
Y en centros donde hay alumnado especialmente vulnerable, profesorado de mayor edad, personas embarazadas o trabajadores con patologías previas, la situación debe analizarse todavía con más cuidado.
La prevención debe ser igualitaria
Hay otro punto importante: la respuesta al calor en las aulas no puede depender de la capacidad económica de cada centro o de cada AMPA.
Si algunas comunidades educativas pueden financiar aparatos, toldos o mejoras puntuales y otras no, se genera una desigualdad inaceptable. La seguridad, la salud y unas condiciones térmicas razonables no deberían depender de rifas, cuotas voluntarias o donaciones familiares.
La climatización escolar debe abordarse como una cuestión pública, técnica y preventiva. Con criterios objetivos, prioridades claras y un plan realista.
Qué debería incluir una respuesta seria en Murcia
La Región de Murcia necesita algo más que respuestas de urgencia. Necesita un plan estructural frente al calor en centros educativos.
Ese plan debería partir de mediciones reales por centros, aulas y franjas horarias. También debería revisar el estado de las instalaciones eléctricas, la ventilación, el aislamiento térmico, la orientación, la existencia de sombras, la antigüedad de los edificios y la presencia de alumnado o trabajadores especialmente vulnerables.
A partir de ahí, habría que priorizar actuaciones y combinar medidas inmediatas con medidas estructurales: climatización eficiente, mantenimiento preventivo, toldos, arbolado, mejora de patios, ventilación adecuada, adaptación de horarios en episodios extremos y protocolos claros antes de que llegue el calor.
Lo importante es entender que esto no se resuelve con una actuación aislada. Se resuelve con planificación.
Conclusión
La denuncia presentada por FAPA Juan González, Sindicato de Estudiantes, FEMAE, CCOO, STERM-Intersindical y UGT ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia confirma que el calor en las aulas ya no puede tratarse como una simple queja estacional.
Si desde mayo se registran temperaturas de hasta 34 ºC durante la jornada escolar, el problema debe abordarse como lo que es: una cuestión de salud, educación y prevención laboral.
El aula es un espacio de aprendizaje, pero también es un lugar de trabajo. Y cuando las condiciones térmicas no son adecuadas, la respuesta no puede ser aguantar, improvisar o suspender clases cuando ya no hay alternativa.
Murcia necesita centros educativos preparados para el clima actual.
Porque estudiar y trabajar con calor extremo no debería ser normal.